Resulta sorprendente que el Gobierno de la Generalidad sólo hubiera apreciado “irregularidades administrativas” en algunas clínicas de Barcelona en las que se practicaban, según la denuncia de una ex empleada, entre 42 y 58 abortos diarios en el segundo trimestre de la gestación. Las noticias son escalofriantes. Trituradoras conectadas a los desagües, empleados de las clínicas llamando “rompecocos” a cada aborto … ¿Qué ha hecho la Generalidad? Nada o algo peor. Apreciar “irregularidades administrativas” dónde hay un delito no parece muy serio. ¿Y Saura? ¿Qué ha hecho el Consejero de Interior? Según fuentes de la investigación, los Mossos desaparecieron de los arrestos y de la investigación porque al líder de Iniciativa per Catalunya podría suponerle un “problema ético con la línea política de su partido”. ¿Y el Departamento de Sanidad? ¿Sirven para algo las inspecciones? Ya vemos que no. Montilla debe dar algunas explicaciones o asumir su parte de responsabilidad. ¿Por qué no se hace cumplir la ley? Como mínimo podría hacer que el Gobierno se persone como acusación particular. Quizá sea pedir demasiado.