Resulta sorprendente que el Gobierno de la Generalidad sólo hubiera apreciado “irregularidades administrativas” en algunas clínicas de Barcelona en las que se practicaban, según la denuncia de una ex empleada, entre 42 y 58 abortos diarios en el segundo trimestre de la gestación. Las noticias son escalofriantes. Trituradoras conectadas a los desagües, empleados de las clínicas llamando “rompecocos” a cada aborto … ¿Qué ha hecho la Generalidad? Nada o algo peor. Apreciar “irregularidades administrativas” dónde hay un delito no parece muy serio. ¿Y Saura? ¿Qué ha hecho el Consejero de Interior? Según fuentes de la investigación, los Mossos desaparecieron de los arrestos y de la investigación porque al líder de Iniciativa per Catalunya podría suponerle un “problema ético con la línea política de su partido”. ¿Y el Departamento de Sanidad? ¿Sirven para algo las inspecciones? Ya vemos que no. Montilla debe dar algunas explicaciones o asumir su parte de responsabilidad. ¿Por qué no se hace cumplir la ley? Como mínimo podría hacer que el Gobierno se persone como acusación particular. Quizá sea pedir demasiado.

El Partido Socialista de Cataluña ya ha empezado la campaña electoral acusando al PP y a España de todos los problemas que ellos mismos han generado en Cataluña. Tratan de esconder su responsabilidad en el caos de las infraestructuras recuperando el debate sobre el Estatuto de Cataluña para lanzarlo contra el PP. Los argumentos caducos ya no convencen a nadie. El Partido Popular no es el responsable que Cataluña pueda quedarse sin un Estatuto que fue hecho con la voluntad de superar el actual marco constitucional. Es inaceptable que Montilla acuse ahora al PP de “golpista” por plantear un recurso al Tribunal Constitucional. En democracia existen unas reglas de juego a las que todos debemos someternos. Y pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el Estatuto de Cataluña no debería suponer ningún problema para el Gobierno de la Generalidad. Montilla, como presidente de todos los catalanes y como máximo representante del Estado en Cataluña debería ser el primer interesado en que los catalanes tengamos un estatuto constitucional.

No existen precedentes sobre el hecho que una comunidad pueda quedarse sin estatuto. La Constitución establece que todas las comunidades autónomas deben disponer de su estatuto de autonomía y deben ser estatutos plenamente constitucionales. Los socialistas se están preparando ante una más que probable sentencia contraria al Estatuto, acusando al PP de vulnerar la voluntad de los catalanes. Todo apunta a que buena parte del Estatuto catalán será declarado inconstitucional. El “plan B” del Gobierno catalán en ese caso consiste, como estamos viendo, en enviar a Montilla a Madrid a decir que hay que romper con España y a poner a trabajar a Carod Rovira en el referéndum para conseguir la independencia de Cataluña en el año 2014. No me extraña que el líder de ERC se haya felicitado por la “valentía y el coraje” de Montilla en su discurso en Madrid. José Montilla se ha convertido, por desgracia para muchos socialistas que siguen creyendo en España, en un referente ideológico de los independentistas catalanes.

Pero no podemos engañarnos. Zapatero y sólo Zapatero tuvo la oportunidad de pedir al Constitucional que se pronunciara sobre el Estatuto antes de someterlo a referéndum. Y no lo hizo. Zapatero es el autor intelectual del estatuto de autonomía de Cataluña. Montilla no puede acusar al PP por hacer algo que debería haber hecho el propio gobierno si el nuestro fuera un gobierno responsable. Ningún experto en derecho constitucional ha sido capaz de señalar que es lo que va a pasar si el tribunal constitucional deja sin efecto buena parte del Estatuto catalán teniendo en cuenta, además, que el anterior ha sido derogado. Los intereses electorales de Zapatero nos están llevando a una situación de crisis institucional sin precedentes en nuestra reciente historia democrática. Como dijo Maragall, "nos hemos metido en un tremendo lío para nada". Los catalanes, como el resto de españoles, queremos tener nuestro estatuto —así lo exige la Constitución— pero queremos que sea plenamente constitucional. Por eso es tan importante que se produzca un pronunciamiento del tribunal lo antes posible.