Los socialistas catalanes han conseguido convertirse en la principal fuerza nacionalista del gobierno tripartito. Entre ellos y ERC ya sólo hay una pequeña diferencia de formas pero no de fondo. Con este escenario ya casi ni sorprende que el gobierno tripartito, con un consejero de educación socialista, haya decidido incumplir de nuevo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligan a preguntar por la lengua habitual de los alumnos en el momento de formalizar su preinscripción escolar.

Lo que no acabo de entender es el motivo por el que no ha actuado de oficio el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La fiscalía tiene como función esencial promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y en este caso se está vulnerando la legalidad, los derechos de padres y alumnos y el interés público. Así, la decisión del Departamento de Educación del gobierno de Montilla de no incluir en la hoja de preinscripción para la educación primaria del curso 2007-2008, la casilla mediante la cual los padres pueden elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos, vulnera la ley y varias sentencias del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los socialistas catalanes con Montilla a su cabeza vuelven a situarse fuera de la ley. Tenemos, por desgracia, un gobierno antisistema. Se niegan a apoyar resoluciones parlamentarias que piden que se acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional e incumplen reiteradamente las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Pero también incumplen la ley estrella de los nacionalistas: la ley de política lingüística de 1998 que establece en su artículo 21.2 que “los niños tienen derecho a recibir la educación infantil y el primer ciclo de la educación primaria en su lengua habitual”. El derecho del alumno y el de sus padres está por encima de las decisiones sectarias que pueda tomar el gobierno de Montilla. Por ese motivo es necesario que la actuación ilegal de la Generalidad no quede impune.