Esta semana, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, José Montilla, ha asegurado que los servicios sociales básicos corren peligro en Cataluña como consecuencia de la llegada ilegal de inmigrantes. Pocas horas antes, el portavoz del Gobierno catalán y candidato del mismo partido por la provincia de Girona decía que Cataluña sería “generosa” por encima de sus posibilidades a la hora de acoger inmigrantes. Montilla ha confesado que servicios básicos como la educación, la sanidad, o las ayudas para acceder a la vivienda pueden sufrir un serio retroceso para los ciudadanos de Cataluña. Montilla ejerce de bombero pirómano. La política del gobierno del PSOE en materia de inmigración ha sido un desastre. Las pateras y cayucos llegan cada día a Canarias en una especie de puente aéreo marítimo. La última regularización ha incrementado el número de inmigrantes que, de manera ilegal, entran en nuestro país. Llegan a Canarias y nuestro Gobierno, el gobierno de España, los distribuye por la península para desconcentrar y socializar el problema. Cada día llegan al aeropuerto de El Prat dos aviones con una media de veinticinco inmigrantes provenientes de Canarias. Llegan sin papeles porque han llegado a nuestro país incumpliendo la legislación española y son abandonados a su suerte por las calles y pueblos de Cataluña. ¿De que viven estas personas? ¿Cómo pueden sobrevivir en nuestro país?
Pero la llegada ilegal de inmigrantes no sólo se produce por vía aérea. Más de 60.000 inmigrantes rumanos y búlgaros han entrado ilegalmente en nuestro país por los Pirineos en los últimos cuatro meses. Los efectivos policiales que el Gobierno de Zapatero destina para controlar la entrada ilegal de inmigrantes desde Francia son, sencillamente, ridículos. Según un informe elaborado por la propia policía, sólo en dos semanas entran por la Junquera la misma cantidad de inmigrantes que han llegado a Canarias en lo que va de año. El resultado de la primera Junta de Seguridad de Cataluña presidida por Pasqual Maragall ha sido que un centenar de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (los encargados de vigilar la entrada de “cayucos rodantes” por las carreteras secundarias de los Pirineos) han sido enviados a Canarias para evitar los motines que pueden producirse en los centros de internamiento de Canarias, teniendo en cuenta que el Ministro Rubalcaba destina un policía para controlar 300 inmigrantes. Así, las carreteras secundarias de Lleida, Girona y Aragón, hasta ahora controladas por unas muy reducidas plantillas policiales, quedan sin custodia y las mafias que se dedican a traficar con inmigrantes pueden operar ya con total impunidad.
Sin efectivos del Cuerpo Nacional de Policía haciendo cumplir la ley de extranjería y replegados en la mayoría de comarcas de Cataluña, correspondería a la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, ejercer esta función. Pero el Gobierno de Cataluña mira hacia otro lado. Asegura que no es su problema. Como siempre, el Gobierno de Cataluña nunca se hace responsable de nada. Es totalmente irresponsable en el sentido más amplio del término. El pasado año, la Consejera de Interior dio instrucciones a la policía que depende de la Generalitat que no llevase a cabo identificaciones rutinarias para controlar la inmigración ilegal. Cada año, la policía de Cataluña pone a disposición de las autoridades españolas una media de 12 inmigrantes irregulares. Los socialistas catalanes y españoles están convirtiendo a Cataluña en un paraíso de la inmigración ilegal.
La Generalitat no puede seguir manteniéndose al margen de este problema. Mientras algunos discuten sobre quién debe “mandar” en El Prat, cincuenta inmigrantes ilegales llegan a este aeropuerto con billetes pagados por todos los españoles. Mientras la policía denuncia la falta de efectivos para controlar la entrada ilegal de inmigrantes en el Pirineo, el Gobierno se lleva cien efectivos a Canarias. Mientras Montilla advierte que muy pronto los catalanes veremos reducidos nuestros servicios sociales, Joaquim Nadal abre la puerta a la llegada de más inmigrantes irregulares desde Canarias. Hoy, más que nunca, es necesario que el sentido común se imponga en las políticas de inmigración. El nuevo Estatuto no es la respuesta. Sólo agrava el problema. El nuevo Estatuto otorga a la Generalitat la facultad para decidir el número de inmigrantes regulares que pueden entrar cada año en Cataluña. Lo que el Estatuto no dice es cómo podrá la Generalitat retener en Cataluña a estos inmigrantes o cómo podrá evitar que entren en Cataluña otros inmigrantes que lleguen de la Comunidad Valenciana, de Aragón o de Madrid. Y por lo que afecta a la inmigración ilegal también hemos visto como el portavoz del Gobierno socialista de Cataluña anunciaba que, a partir de ahora, “Cataluña será más generosa a la hora de recibir inmigrantes irregulares”.
Así son las cosas en esta Cataluña socialista. Mientras algunos cuelgan el cartel de “entrada libre” otros aseguran que lo importante es que estos inmigrantes conozcan la lengua catalana o sepan lo que significa la Pascua. No se enteran.
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21.09.06 @ 17:32