La inmensa mayorÃa de los medios de comunicación catalanes, casi todos los partidos polÃticos y las plataformas con vocación de serlo, han callado o han criticado duramente a Enrique Múgica por elaborar un informe en el que se constata la preocupación de esta institución por la progresiva “minoración de libertades y derechos lingüÃsticos de los castellanohablantes en el ámbito educativo catalánâ€. A Múgica se le ha acusado de “mentir†y de poner a la Institución al servicio de la “extrema derechaâ€.
El Defensor del Pueblo español se ha limitado a trasladar las quejas que ha recibido en los últimos meses sobre la negativa de la Generalitat a informar a padres y madres sobre la posibilidad legal que existe en Cataluña de elegir la lengua oficial en la que quieren escolarizar a sus hijos. Han llamado “mentiroso†al Defensor del Pueblo por denunciar que en las hojas de preinscripción escolar de los niños en Cataluña no existe la casilla —prevista en la ley— para que los padres puedan elegir si quieren recibir la educación en catalán o castellano. Para comprobarlo sólo hay que acercarse a un centro y solicitar este impreso. Múgica no miente, pero hay verdades de ofenden: Ofenden porqué suponen una ráfaga de aire fresco en esta especie de oasis putrefacto. No me parece bien que se obligue a un niño cuya lengua materna es el catalán a aprender en castellano, de la misma manera que no me parece bien que se obligue a un niño cuya lengua materna es el castellano a aprender en catalán. Y esto último es, tal cuál, lo que está pasando en Cataluña.
Por eso el informe del Defensor del Pueblo hace tanto daño. Hace daño al nacionalismo catalán, hace daño al intento de instaurar el pensamiento único, la lengua única, el partido único. Y precisamente por eso, los autores intelectuales del nuevo Estatuto de autonomÃa de Cataluña han tenido tanto interés en recortar el derecho de los catalanes de acudir al Defensor del Pueblo en defensa de sus derechos fundamentales. Por eso el nuevo Estatuto le otorga en exclusiva al SÃndic de Greuges la competencia para conocer de los asuntos que afectan a la Generalitat o a los ayuntamientos catalanes. El Defensor del Pueblo español lo será, si el Constitucional no lo impide y por la gracia de Zapatero, de todos los españoles excepto de aquellos españoles que vivimos en Cataluña.
Desde CiU se ha censurado a Múgica por hacer declaraciones que, según la coalición nacionalista, “colisionan con las libertades y los derechos lingüÃsticos de Cataluñaâ€. El partido de Artur Mas ha dicho estar “sorprendido†por el hecho “que nunca oigamos palabras del señor Múgica defendiendo la identidad y las libertades de los catalanesâ€. ¿Han oÃdo algo más sectario y excluyente que esto? ¿O es que Múgica no puede defender los derechos de los catalanes que en el ejercicio de su libertad y amparados por la ley, quieren educar a sus hijos en castellano? Para los nacionalistas aquellos que no defendemos los principios del nacionalismo identitario somos malos catalanes o, sencillamente, no podemos ser considerados catalanes. Produce escalofrÃos.
En Cataluña ya sólo el PP defiende la libertad. Nos acusan de ser anticatalanes simplemente porque defendemos la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. Y los socialistas de Montilla aplauden y justifican a quienes, amparándose en un supuesto proceso de “construcción nacional†se atreven a ignorar, insultar y agredir a quienes no pensamos como ellos. Algo mal de salud debe andar la democracia en Cataluña cuando se acusa al PP o al Defensor del Pueblo de “agredir a la democracia†o de “amenazar†por querer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de autonomÃa de Cataluña. Poco demócrata es aquel que considera una “amenaza†que puedan utilizarse, en un Estado de Derecho como el nuestro, los mecanismos legales previstos en nuestro ordenamiento jurÃdico.
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03.07.06 @ 19:17