La televisión pública catalana y el diario AVUI han patrocinado la “Acampada Jove”, una fiesta reivindicativa organizada este fin de semana por las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya y que ha contado, entre otros, con la participación estelar del grupo musical Soziedad Alkoholika, un grupo que se encuentra procesado por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. A estas alturas, este grupo musical ya no engaña a nadie. Tampoco al Director General de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y ex Ministro socialista, Joan Majó, que no ha tenido ningún problema en patrocinar este concierto.

Me repugna que una organización política, aunque sea a través de sus juventudes, pueda invitar a un grupo musical que se dedica a justificar y ensalzar el terrorismo. Pero lo que resulta inaceptable es que una televisión pública pueda apoyar un festival en el que participe un grupo sobre el que está actuando la Audiencia Nacional. Y aunque no fuera así, sólo hay que echar un rápido vistazo a las letras de sus canciones para darse cuenta del tipo de elementos que componen este grupo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha manifestado en reiteradas ocasiones que las canciones de este grupo causan un profundo dolor a las víctimas y a la mayoría de ciudadanos españoles. La libertad de expresión también tiene un límite. La apología del terrorismo y ridiculizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no debería estar subvencionado por la televisión pública catalana ni por ninguna otra institución pública o privada.

Quiero que me borren de TV3 mientras siga promocionando este tipo de cosas. Quiero convertirme en objetor fiscal televisivo. No quiero que un solo céntimo de mis impuestos pueda ir a parar a una televisión que patrocina grupos con canciones en las que se ridiculiza a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados en el País Vasco o en las que, directamente, se amenaza de muerte a los miembros de la Ertzaintza.

Hoy se cumple el 9º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hace nueve años nos concentramos en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para intentar salvarle la vida. Aquella tarde, toda España se reunió frente a sus ayuntamientos con el objetivo que ETA escuchara el grito que, en silencio, les pedía que no lo mataran. Pero ETA no entiende de razones ni de perdones, ni de nada más que no sea atemorizar y segar la vida de personas inocentes. Miguel Ángel no murió por nada. Lo mataron porque las democracias no aceptan los chantajes ni la fuerza de las armas. Por eso hoy volveré a la plaza de Sant Jaume. Para gritar, también en silencio, pero con la misma fuerza, que no queremos que nuestro Gobierno, que el Gobierno de España, se rinda ante los asesinos de Miguel Ángel Blanco.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación catalanes, casi todos los partidos políticos y las plataformas con vocación de serlo, han callado o han criticado duramente a Enrique Múgica por elaborar un informe en el que se constata la preocupación de esta institución por la progresiva “minoración de libertades y derechos lingüísticos de los castellanohablantes en el ámbito educativo catalán”. A Múgica se le ha acusado de “mentir” y de poner a la Institución al servicio de la “extrema derecha”.

El Defensor del Pueblo español se ha limitado a trasladar las quejas que ha recibido en los últimos meses sobre la negativa de la Generalitat a informar a padres y madres sobre la posibilidad legal que existe en Cataluña de elegir la lengua oficial en la que quieren escolarizar a sus hijos. Han llamado “mentiroso” al Defensor del Pueblo por denunciar que en las hojas de preinscripción escolar de los niños en Cataluña no existe la casilla —prevista en la ley— para que los padres puedan elegir si quieren recibir la educación en catalán o castellano. Para comprobarlo sólo hay que acercarse a un centro y solicitar este impreso. Múgica no miente, pero hay verdades de ofenden: Ofenden porqué suponen una ráfaga de aire fresco en esta especie de oasis putrefacto. No me parece bien que se obligue a un niño cuya lengua materna es el catalán a aprender en castellano, de la misma manera que no me parece bien que se obligue a un niño cuya lengua materna es el castellano a aprender en catalán. Y esto último es, tal cuál, lo que está pasando en Cataluña.

Por eso el informe del Defensor del Pueblo hace tanto daño. Hace daño al nacionalismo catalán, hace daño al intento de instaurar el pensamiento único, la lengua única, el partido único. Y precisamente por eso, los autores intelectuales del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña han tenido tanto interés en recortar el derecho de los catalanes de acudir al Defensor del Pueblo en defensa de sus derechos fundamentales. Por eso el nuevo Estatuto le otorga en exclusiva al Síndic de Greuges la competencia para conocer de los asuntos que afectan a la Generalitat o a los ayuntamientos catalanes. El Defensor del Pueblo español lo será, si el Constitucional no lo impide y por la gracia de Zapatero, de todos los españoles excepto de aquellos españoles que vivimos en Cataluña.

Desde CiU se ha censurado a Múgica por hacer declaraciones que, según la coalición nacionalista, “colisionan con las libertades y los derechos lingüísticos de Cataluña”. El partido de Artur Mas ha dicho estar “sorprendido” por el hecho “que nunca oigamos palabras del señor Múgica defendiendo la identidad y las libertades de los catalanes”. ¿Han oído algo más sectario y excluyente que esto? ¿O es que Múgica no puede defender los derechos de los catalanes que en el ejercicio de su libertad y amparados por la ley, quieren educar a sus hijos en castellano? Para los nacionalistas aquellos que no defendemos los principios del nacionalismo identitario somos malos catalanes o, sencillamente, no podemos ser considerados catalanes. Produce escalofríos.

En Cataluña ya sólo el PP defiende la libertad. Nos acusan de ser anticatalanes simplemente porque defendemos la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. Y los socialistas de Montilla aplauden y justifican a quienes, amparándose en un supuesto proceso de “construcción nacional” se atreven a ignorar, insultar y agredir a quienes no pensamos como ellos. Algo mal de salud debe andar la democracia en Cataluña cuando se acusa al PP o al Defensor del Pueblo de “agredir a la democracia” o de “amenazar” por querer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de autonomía de Cataluña. Poco demócrata es aquel que considera una “amenaza” que puedan utilizarse, en un Estado de Derecho como el nuestro, los mecanismos legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico.