El nuevo proyecto de Estatuto no sólo define a Cataluña como una nación sino que enumera de manera exhaustiva los valores que definen la llamada “nacionalidad catalana”. Los nacionalistas catalanes —incluido los socialistas— consideran que existen una serie de derechos y principios que deben ser institucionalizados en el Estatuto con el objetivo que sean asumidos de manera obligatoria por todos los catalanes. Por este motivo ha habido tanto interés —incluso por parte de los democristianos de CiU— en establecer un catálogo de derechos y deberes propios y definir claramente en el Estatuto los principios rectores que, según los nacionalistas, deben inspirar el proceso ciudadano de la llamada reconstrucción nacional de Cataluña y permitir, finalmente, su autodeterminación.

Este es un proyecto excluyente. Se establece una catalogación de trazos definitorios de lo catalán que excluye a todo aquel que, siendo y considerándose catalán, no comulga con esos principios y valores definidos, de manera excluyente, por una determinada mayoría parlamentaria. Nadie duda que sea absolutamente imprescindible que el Estatuto, dentro del pleno respeto a los enunciados por la Constitución española, recoja una serie de valores y principios que garanticen un cierto compromiso ciudadano. Ahora bien, los valores y principios que deben inspirar el marco de convivencia que representa el estatuto de autonomía de Cataluña no deben ser diferentes a los que inspiran el marco de convivencia de los franceses, alemanes, vascos o valencianos. No parece razonable que nuestro estatuto establezca un catálogo de derechos y deberes diferentes al que tienen el resto de españoles. Sin duda, el objetivo de quienes han impulsado este proyecto de Estatuto es redactar una Constitución catalana que obvie la pertenencia de Cataluña a España, en un claro intento de hacer realidad una ficción que sólo existe en sus mentes y que se resume en la idea de que Cataluña no es ni puede seguir siendo una parte de España.

El aborto o la eutanasia, —algunas de las cuestiones más controvertidas desde un punto de vista moral—, pasan a ser reconocidos en la práctica como un derecho de los catalanes. En cuanto al matrimonio y la familia, además de reconocer la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros, autoriza que una ley regule esas uniones y “otras formas de convivencia”, abriendo la posibilidad de introducir la poligamia en nuestro derecho. Por no hablar de la imposición del laicismo en el ámbito de la enseñanza pública.

No podemos ni debemos caer en la trampa de establecer una serie de valores partidistas que conviertan nuestro texto estatutario en un muro que separe a los catalanes ni en un obstáculo para que nuestra sociedad avance de acuerdo con las nuevas realidades que genera el acceso a las nuevas tecnologías o el fenómeno de la inmigración. Por ello, resulta antidemocrático que el Estatuto no recoja una serie de valores que puedan ser asumidos por el conjunto de los ciudadanos. El pluralismo, la libertad, la cultura y el control político deberían haber sido los principios y valores máximos que debían haber orientado el texto estatutario. No debemos permitir —como algunos pretenden— que se apruebe un Estatuto en contra de nadie, sino que debemos trabajar para que todos los catalanes nos sintamos cómodos con él. Lo contrario sería defender el pensamiento único y trazar una línea entre los buenos y malos catalanes, entre los que se sienten identificados con esos principios y valores que nos definen por la negación del contrario (en este caso, por desgracia, España) y los que creemos en una Cataluña plural, llena de ciudadanos libres y responsables que aspiramos, simplemente, a que la cultura y la educación sigan siendo los valores básicos que nos permitan garantizar esos mismos valores a las futuras generaciones de catalanes y catalanas, también libres y responsables.