El presidente del Gobierno de España ha anunciado el traslado a Cataluña de 367 agentes de la Guardia Civil para luchar contra el crimen organizado y poner freno a la oleada de robos y atracos registrada en las últimas semanas. Es, sin duda, una buena noticia porqué son muchos los ciudadanos que van a sentirse reconfortados con la presencia de los siempre abnegados miembros de la benemérita. De todos modos, en pleno debate estatutario, es importante recordar que el traslado de 367 agentes ha sido posible porqué el pueblo de Cataluña no ha refrendado —y espero que no lo haga— el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía.

El artículo 33 del texto estatutario establece los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña ante las administraciones públicas y las instituciones estatales. En este sentido, el apartado cuarto de este artículo señala que “para garantizar el derecho de opción lingüística, la administración del Estado situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que lo hace apto para ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo”. ¿Cuántos de los 367 nuevos agentes destinados a Cataluña tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de la lengua catalana? Sinceramente, ¿importa mucho? Sin duda, el idioma en el que se expresan los agentes de la Guardia Civil sólo importa a aquellos que piensan votar SÍ en el referéndum del Estatuto. A los que pensamos votar NO lo que nos interesa es que estos agentes hagan bien su trabajo y velen para que podamos tener seguridad y libertad. Así pues, el Estatuto dice lo que dice. Si hoy estuviera vigente, estos agentes de la Guardia Civil no podrían haber sido enviados a Cataluña. ¿Estamos locos, o qué?

El 17 de noviembre de 2005, los socialistas votaron en contra de una moción presentada por el PP en el Parlamento de Cataluña en la que se expresaba el “reconocimiento y el agradecimiento del pueblo de Cataluña a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han velado a lo largo de estos años por la seguridad y la libertad de los ciudadanos de Cataluña” y que los animaba a “seguir haciéndolo en el ámbito de sus competencias”. Además, en el debate de esta moción, el portavoz de ERC llegó a calificar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de “fuerzas de ocupación” ante el silencio cómplice de Pasqual Maragall y del resto de diputados y dirigentes del partido socialista.

Sean bienvenidos estos 367 nuevos agentes de la Guardia Civil con el deseo de que, después del 18 de junio, puedan seguir trabajando por y para todos los catalanes.

El presidente de la Generalitat de Catalunya ha anunciado que tiene previsto cesar a los consejeros de ERC manteniendo a sus equipos (integrados por disciplinados militantes que pagan el 20% de su sueldo al partido independentista), convocar elecciones anticipadas para otoño y solicitar la convocatoria del referéndum del Estatuto para el 18 de junio. Maragall debe creer que los catalanes somos idiotas. Si tiene previsto convocar elecciones en otoño, ¿por qué cesar ahora a los consejeros de ERC? ¿Por qué no disuelve ahora mismo y pone punto final a este gobierno agónico? Maragall no quiere prescindir de los consejeros de ERC, —por otro lado, sus principales apoyos en el gobierno─ y, sobretodo, no quiere cerrar las puertas a volver a formar gobierno en el futuro con ellos.

Maragall no quiere que el referéndum del Estatuto se convierta en un plebiscito sobre su política y sobre el tripartito. No va a poder evitarlo. El proyecto de Estatuto es el último gran desastre de los partidos que dan apoyo al Gobierno. Por eso Maragall cree que sin ERC en el Gobierno, tiene más garantías que el Estatuto sea aprobado. No se da cuenta que los catalanes somos conscientes que el problema no es Esquerra. Al fin y al cabo, no han engañado a nadie. El problema es que Maragall y Zapatero han apostado por situar a ERC en el mapa. La han hecho crecer y la han situado en las instituciones. Este es el drama. El drama no es que Xavier Vendrell reconociese que había elaborado y colocado personalmente dos bombas en su etapa como miembro de Terra Lliure, sino que el PSOE haya permitido que Maragall lo hiciera Consejero de Gobernación.

Por eso no debemos despistarnos. El no al Estatuto es un no claro a Maragall, a Carod-Rovira, al tripartito. Es un no claro a la corrupción, a la incompetencia, a la extorsión. Es un no a los acuerdos secretos entre Mas y Zapatero para taparse mutuamente las vergüenzas. Es un no a una sociedad tutelada, dirigida y oprimida por las multas y las sanciones lingüísticas. Por eso, el 18 de junio es importante que las urnas se llenen de libertad, se llenen de un mensaje claro y diáfano: vamos a derrotar democráticamente a Maragall, a Esquerra, al tripartito y a lo que todos ellos representan.

Maragall y Mas pactan una campaña institucional para fomentar el voto positivo en el referéndum

El artículo 109 de la ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña establece que “las administraciones de Cataluña, durante los períodos electorales, únicamente pueden hacer campañas de carácter institucional destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha en que han de tener lugar las elecciones o el referéndum, el procedimiento para votar y los requisitos y los trámites del voto por correo. Estas campañas en ningún caso pueden sugerir, directa o indirectamente, opciones de voto”.

Maragall plantea ampliar dos horas el horario de votación en el referéndum

Cataluña no dispone de ley electoral propia. Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum no dice nada en relación al horario de votación. A pesar de ello, el artículo 11 de esta ley establece que “El procedimiento de referéndum estará sometido al Régimen electoral general en lo que le sea de aplicación y no se oponga a la presente Ley”.

El artículo 84 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que “Extendida el acta de constitución de la Mesa, con sus correspondientes copias, se iniciará a las nueve horas la votación, que continuará sin interrupción hasta las veinte horas. El Presidente anunciará su inicio con las palabras «empieza la votación»

Igualmente, el artículo 88.1 de esta ley señala que “A las veinte horas el Presidente anunciará en voz alta que se va a concluir la votación. Si alguno de los electores que se hallan en el local o en el acceso al mismo no ha votado todavía, el Presidente admitirá que lo hagan y no permitirá que vote nadie más”.

El nuevo proyecto de Estatuto no sólo define a Cataluña como una nación sino que enumera de manera exhaustiva los valores que definen la llamada “nacionalidad catalana”. Los nacionalistas catalanes —incluido los socialistas— consideran que existen una serie de derechos y principios que deben ser institucionalizados en el Estatuto con el objetivo que sean asumidos de manera obligatoria por todos los catalanes. Por este motivo ha habido tanto interés —incluso por parte de los democristianos de CiU— en establecer un catálogo de derechos y deberes propios y definir claramente en el Estatuto los principios rectores que, según los nacionalistas, deben inspirar el proceso ciudadano de la llamada reconstrucción nacional de Cataluña y permitir, finalmente, su autodeterminación.

Este es un proyecto excluyente. Se establece una catalogación de trazos definitorios de lo catalán que excluye a todo aquel que, siendo y considerándose catalán, no comulga con esos principios y valores definidos, de manera excluyente, por una determinada mayoría parlamentaria. Nadie duda que sea absolutamente imprescindible que el Estatuto, dentro del pleno respeto a los enunciados por la Constitución española, recoja una serie de valores y principios que garanticen un cierto compromiso ciudadano. Ahora bien, los valores y principios que deben inspirar el marco de convivencia que representa el estatuto de autonomía de Cataluña no deben ser diferentes a los que inspiran el marco de convivencia de los franceses, alemanes, vascos o valencianos. No parece razonable que nuestro estatuto establezca un catálogo de derechos y deberes diferentes al que tienen el resto de españoles. Sin duda, el objetivo de quienes han impulsado este proyecto de Estatuto es redactar una Constitución catalana que obvie la pertenencia de Cataluña a España, en un claro intento de hacer realidad una ficción que sólo existe en sus mentes y que se resume en la idea de que Cataluña no es ni puede seguir siendo una parte de España.

El aborto o la eutanasia, —algunas de las cuestiones más controvertidas desde un punto de vista moral—, pasan a ser reconocidos en la práctica como un derecho de los catalanes. En cuanto al matrimonio y la familia, además de reconocer la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros, autoriza que una ley regule esas uniones y “otras formas de convivencia”, abriendo la posibilidad de introducir la poligamia en nuestro derecho. Por no hablar de la imposición del laicismo en el ámbito de la enseñanza pública.

No podemos ni debemos caer en la trampa de establecer una serie de valores partidistas que conviertan nuestro texto estatutario en un muro que separe a los catalanes ni en un obstáculo para que nuestra sociedad avance de acuerdo con las nuevas realidades que genera el acceso a las nuevas tecnologías o el fenómeno de la inmigración. Por ello, resulta antidemocrático que el Estatuto no recoja una serie de valores que puedan ser asumidos por el conjunto de los ciudadanos. El pluralismo, la libertad, la cultura y el control político deberían haber sido los principios y valores máximos que debían haber orientado el texto estatutario. No debemos permitir —como algunos pretenden— que se apruebe un Estatuto en contra de nadie, sino que debemos trabajar para que todos los catalanes nos sintamos cómodos con él. Lo contrario sería defender el pensamiento único y trazar una línea entre los buenos y malos catalanes, entre los que se sienten identificados con esos principios y valores que nos definen por la negación del contrario (en este caso, por desgracia, España) y los que creemos en una Cataluña plural, llena de ciudadanos libres y responsables que aspiramos, simplemente, a que la cultura y la educación sigan siendo los valores básicos que nos permitan garantizar esos mismos valores a las futuras generaciones de catalanes y catalanas, también libres y responsables.