CiU ha presentado en el parlamento catalán una iniciativa en la que exige a la Generalitat que lleve a cabo las gestiones necesarias para que los organismos de la administración general del Estado no usen el término «nacional» en Cataluña. El partido de Artur Mas quiere que “sólo” la Generalitat pueda utilizar esa denominación en Cataluña. Sin duda esta es una de las primeras consecuencias del pacto firmado en La Moncloa entre el presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas.

El nuevo estatuto de autonomía de Cataluña define a Cataluña como una nación. Sólo desde la ingenuidad o la mala fe se puede afirmar, como se ha hecho, que el hecho que se defina a Cataluña como una nación no tiene ninguna consecuencia ni política ni jurídica. La primera, en la frente. Los convergentes acaban de presentar una iniciativa parlamentaria que, de ser aprobada —y no dudo que el tripartito la apoye de manera entusiasta— todos los museos, teatros, instalaciones y equipamientos que dependan del Estado (si es que queda alguno) no podrán utilizar el término “nacional” para definirlos. De hecho, se empieza a consumar lo que el PP ha venido denunciando en solitario en los últimos meses: el nuevo estatuto permite y facilita que la nación española desaparezca definitivamente de Cataluña y se consagre en esta comunidad la única y exclusiva “nación catalana”.

El “adiós España” de Maragall ha sido asumido y alentado por el presidente del Gobierno español. Zapatero, junto a los líderes del PSOE que, han mirado hacia otro lado antes que defender la unidad de la nación española, son los responsables de este proceso de segregación de la llamada “nación catalana” de la verdadera nación, la española, que empieza a desaparecer en Cataluña. El voto positivo de los socialistas (catalanes, andaluces, madrileños, vascos, gallegos, valencianos …) a este estatuto en el Congreso de los Diputados es el inicio del fin de la nación española, de España. Ustedes mismos.

Por su interés reproduzco información de Marcos Pardeiro aparecida hoy en el diario La Razón.

La plataforma que promueve esta campaña se ahorró 178.000 euros por el trato de favor de la cadena autonómica. Su máximo responsable asegura que «seguimos los criterios habituales»

Barcelona- Las selecciones catalanas son, desde hace años, objeto de reivindicación política y, con el tripartito, cuentan con la complicidad de los organismos dependientes de la Generalitat. Los partidos catalanistas promueven su reconocimiento internacional en distintas federaciones deportivas y Televisión de Cataluña (TVC), cómplice de esta aspiración, no dudó en aplicar un generoso descuento del 65% para la campaña «Una nación, una selección». Esta bonificación sólo está prevista para la promoción de entidades benéficas, pero la plataforma Pro Selecciones Catalanas, poco sospechosa de ser una ONG, contó con este privilegio.
Los anuncios de la selección catalana fueron emitidos durante el pasado mes de diciembre, a falta de pocos días de la celebración del encuentro Cataluña-Uruguay, que también fue promocionado. El diputado del PP Daniel Sirera se interesó entonces por la tarifa aplicada a los «spots» de «Una nación, una selección» y del propio encuentro en el Camp Nou. Pero el director de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), Joan Majó, se negó a facilitar esta información, alegando que era «un dato confidencial».
«A nuestro entender y atendiendo al respeto por nuestros clientes, consideramos que no tenemos que dar la información solicitada», argumentó Majó en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso este diario. No obstante, tras la mediación del presidente del presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, la CCRTV tuvo que facilitar el importe de la facturación.
TVC firmó un contrato de publicidad con la plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas que constaba de dos partes: una para la promoción del partido contra Uruguay; y otra para la campaña «Una nación, una selección». Al primer anuncio se le aplicó un descuento del 45 por ciento, aspecto previsto por las tarifas públicas de TVC para espectáculos, entre otros. Así, el coste para la plataforma fue de 62.015 euros tras haberse rebajado el 45 por ciento correspondiente.
En el caso de «Una nación, una selección», la facturación debió haber sido superior, ya que TVC ingresó 111.984 euros después de haber condonado 178.100 euros tras adoptar un descuento del 65 por ciento. El conjunto de la campaña hubiera costado un total de 371.203 euros, pero las dos bonificaciones dejaron la cifra final en 221.841 euros. Diversos personajes públicos intervinieron en estos anuncios, como la compañía Teatre de Guerrilla, el futbolista del F.C. Barcelona Oleguer Pressas, el actor Jordi Díaz, el ex seleccionador de Cataluña Àngel Alonso y la actriz Montse Carulla.
nó en las instalaciones de TVC para consultar la tipología de los contratos que utiliza el ente público a la hora de negociar los anuncios televisivos. Interesado en conocer por qué se había aplicado el descuento del 65 por ciento a la plataforma Pro Selecciones Catalanes, el personal de la cadena no le ofreció explicaciones satisfactorias. «No me supieron responder, se encogieron de hombros», explicó el diputado a este diario.
Ante esta circunstancia, el PP ha decidido formular nuevamente una pregunta parlamentaria al director de la CCRTV para conocer los motivos que han justificado la bonificación del 65 por ciento en una campaña que tiene una «clara finalidad política». Los cauces institucionales requieren de un cierto tiempo antes de que Majó explique el porqué de su política comercial. En su primera respuesta, el máximo responsable de la CCRTV aseguró que la cadena autonómica siguió «los criterios habituales».

La amenaza epistolar del Secretario General del Departamento del Consejero Primero de la Generalitat y Secretario de Organización y Finanzas de ERC, Xavier Vendrell, a empleados del Gobierno para que hagan aportaciones al partido bajo amenaza de ser destituidos de sus puestos de trabajo, pone de manifiesto el talante y la catadura moral de quienes hoy gobiernan en Cataluña. Se trata de un auténtico escándalo impropio de democracias occidentales. El Consejero Primero —el mismo que encargó tres estudios a su propia esposa— ha justificado esta actuación diciendo que todos los partidos exigen a sus militantes una cuota o aportación de su sueldo al partido. Una cosa es que el personal de confianza política realice aportaciones al partido en el que milita y otra muy distinta es que el personal interino de la administración tenga que pagar un impuesto revolucionario a ERC por el simple hecho de trabajar para la Generalidad de Cataluña.

Estamos frente a un nuevo caso de corrupción y de chantaje intolerable del Gobierno tripartito sobre el que el Fiscal debería ponerse a trabajar de manera inmediata. Bargalló también ha declarado que estas denuncias no van a forzar a ERC a votar si al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Desde mi punto de vista, ERC y los miembros del tripartito pueden votar lo que les venga en gana en el referéndum del Estatuto. Por mí como si se lo confitan. Pero por favor, no metan la mano en la caja. No se gasten el dinero de los catalanes en redecorar sus despachos o en encargar informes fantasma a familiares, amigos y conocidos. No extorsionen a trabajadores de la Generalitat con amenazas sobre su continuidad en los puestos de trabajo. Al tripartito le resulta muy difícil actuar de forma democrática pero si tuvieran un ápice de vergüenza deberían irse a su casa.

Los catalanes no merecemos un gobierno así. Y el resto de españoles tampoco. Hoy, José Montilla ha reaccionado ante esta noticia diciendo que la exigencia de este impuesto revolucionario al personal interino de la Generalitat es algo que “sólo afecta a ERC y que es este partido el que debe dar respuesta a estas cuestiones”. Montilla y los socialistas justifican todo y se inhiben de todo. Miran hacia otro lado ante los continuos casos de corrupción que aparecen en su gobierno y han renunciado a defender la libertad y el estado de derecho. Son, sencillamente, colaboradores necesarios en esta extorsión. Corren malos tiempos para la libertad en Cataluña y en el conjunto de España.

Por su interés, transcribo la declaración del presidente del PP, Mariano Rajoy ante el anuncio de la tregua de ETA

Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta comparecencia, en la que pretendo fijar la posición del Partido Popular en relación con el comunicado que todos ustedes conocen.

Saben que hace unos días comparecí ante todos ustedes y les dije, con ocasión de otro comunicado distinto, que el único comunicado de verdad importante que podía transmitir la organización terrorista ETA al conjunto de la sociedad española era el anuncio de su disolución y el fin de sus actividades criminales. Es lo que pienso desde hace muchos años. Eso es lo importante y esto no se ha producido.

Hoy, por cuarta vez en los últimos años, se nos anuncia un alto el fuego, después de que hace dos años se nos anunciara una tregua en Cataluña y, poco tiempo después, una tregua que sólo afectaba a políticos, es decir, a cargos electos.

Este alto el fuego que ahora se nos anuncia es una pausa, no es una renuncia a la actividad criminal. Supone reafirmar su voluntad de seguir existiendo, no se arrepiente de nada y no pide perdón a las víctimas del terrorismo.

De nuevo, nos dicen que el objetivo es iniciar un proceso que conduzca al objetivo de siempre, que es el derecho de autodeterminación y, de nuevo, nos impone las condiciones de siempre.

En estas circunstancias, quiero reafirmar lo que hemos dicho a lo largo de estos últimos años. No se puede pagar ningún precio político para el cese de una actividad terrorista, porque eso supondría convertir al terrorismo en un instrumento para hacer política y los terroristas habrían ganado y conseguido, treinta años después, los objetivos en base a los cuales y por los cuales asesinaron a muchísimas personas en el País Vasco y en el conjunto de España.

En segundo lugar, quiero decir que el Estado de Derecho debe seguir cumpliendo sus obligaciones, tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como el Poder Judicial, y como la Administración Penitenciaria.

Y por último, quiero decirles que el Partido Popular sigue estando dispuesto a colaborar con el Gobierno para derrotar al terrorismo en el marco del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y que el Partido Popular está dispuesto a apoyar al Gobierno para que no pague ningún precio político, algo que no desean ninguno de nuestros compatriotas, y para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sigan trabajando, sigan cumpliendo su obligación, como es propio en un Estado de Derecho.

Por su interés, reproduzco información de IÑAKI ELLAKURÍA y ROSA LECINA en LA VANGUARDIA de hoy.

El control del uso del catalán en las pequeñas empresas, en los restaurantes, en internet, en los clubs deportivos... ha sido una de los principales motivos de preocupación para algunos de los consellers de ERC. La Generalitat lleva gastados en lo que llevamos de legislatura más de 3,5 millones de euros (alrededor de 600 millones de pesetas) en estudios e informes sobre la utilización del catalán en diferentes ámbitos. La mayoría de estos informes fueron encargados por el conseller primer, Josep Bargalló, con un gasto superior a los 3 millones de euros; por el conseller de Turisme i Consum, Josep Huguet, y por el conseller de Universitats i Recerca, Carles Solà.

¿Cuáles son las costumbres idiomáticas de los andorranos? ¿Cuál es el uso del catalán en las Baleares? ¿Y en el Alguer o la Catalunya Nord? Para responder a estas preguntas, el conseller Bargalló contrató cinco estudios sobre el Principado de Andorra por un valor de 20.080 euros. A un miembro de la ejecutiva de ERC en las islas Baleares se le encomendó que analizara la situación en el archipiélago; cobró por ello 24.593 euros. Y al Institut d´Estudis i Professions SL elaboró un estudio sobre el catalán en Menorca por el que cobró 2.810 euros. Mientras el análisis sobre el catalán en el Alguer rebasó los 4.000 euros y el informe sobre Catalunya Nord costó 2.060 euros.

Más caro para las arcas públicas ha resultado tener bajo control los hábitos lingüísticos en las federaciones y clubs deportivos catalanes, así como el uso del catalán entre pymes, servicios financieros y empresariales: dos estudios por valor de 58.000 euros.

Pero el proyecto estrella de la Secretaria General del conseller primer fue sin duda la elaboración de un nuevo nomenclátor con topónimos en catalán. Con este objetivo, encomendó en el 2004 un estudio elaborado por el Institut Cartogràfic de Catalunya, que sufrió tres ampliaciones posteriores, con un montante total de 85.102 euros.

Tras Bargalló, el conseller Huguet lidera el gasto en informes para conocer al dedillo el uso del catalán entre los ciudadanos - pertenezcan o no a club deportivo- y las empresas. El político republicano escrutó con dos estudios del 2004 las costumbres lingüísticas en los supermercados y en los restaurantes. Total: 58.000 euros.

Al año siguiente, el Departament de Comerç, Turisme i Consum invirtió más de 21.000 euros para conocer "el comportamiento del mercado español frente a la introducción de la lengua catalana en el etiquetado" y "la lengua en el etiquetado de las marcas de agua". Resulta curioso que este último informe no fuese elaborado por una empresa especializada, sino por el colectivo L´Esbarzer, una organización independentista (en el 2002 promovió una querella contra el Rey) y cuya web lleva años sin ser actualizada. Por su parte, el conseller Solà encargó un informe para que se garantizara el conocimiento de la lengua en los procesos de selección del profesorado universitario.

El Instituto Catalán de la Mujer es un organismo autónomo que depende del Consejero Primero de la Generalitat de Catalunya, el republicano Josep Bargalló. Este organismo encargó el pasado año a la propia esposa de Bargalló un informe de asesoramiento para redactar el plan de Igualdad de Género por un total de 1.620 euros. Además, el Consejero Primero de la Generalitat y número dos del Gobierno de Maragall encargó otro informe por valor de 1.740 euros a un colectivo de abogadas para responder a una interpelación que le formuló una diputada de su propio partido que, además, tiene vinculaciones con este mismo grupo de abogadas que elaboró el informe.

¿Desde cuando un gobierno externaliza las respuestas sobre su acción de gobierno? ¿Para qué sirven todos los funcionarios del Departamento de Bargalló si para contestar una simple interpelación debe contratar los servicios de un grupo de abogadas afines?

Bargalló debería replantearse seguir en el Gobierno. Puede que exista un resquicio legal que permita que un Consejero de la Generalitat encargue un informe a su esposa, si lo hace por organismo autónomo interpuesto, pero desde el punto de vista ético, no se aguanta. Al conjunto del Gobierno de Cataluña debería caérsele la cara de vergüenza. Pero aquí todo vale si es un Gobierno nacionalista y de izquierdas quién realiza este tipo de actos, impropios de democracias maduras y consolidadas. Estas son las políticas familiares que lleva a cabo el tripartito. Lo vimos con el nombramiento del hermano de Maragall como secretario del Gobierno, lo vimos con el nombramiento del hermano de Carod Rovira como secretario del Departamento de Presidencia, lo vimos con el nombramiento del hermano del Consejero de política Territorial como secretario de movilidad y lo vimos con el vuelo familiar del Consejero de Medio Ambiente en un helicóptero de la Generalitat con la excusa de “conciliar la vida laboral y familiar”.

Ahora hemos descubierto que el Gobierno encarga informes a esposas de Consejeros y aquí no pasa nada. Es el oasis catalán.

Por su interés, reproduzco información de M. Pardeiro y J. Planes publicado hoy en el diario LA RAZÓN

Barcelona- La maquinaria inspectora y sancionadora de la Generalitat está perfectamente engrasada. En menos de un año, la Administración autonómica ha duplicado las multas a empresas y establecimientos por no rotular en catalán. Si en 2004 el Govern multó a 28 comercios, durante 2005 sancionó a un mínimo de 62. Sin embargo, esta cifra podría aumentarse, ya que no incluye la actividad del departamento de Comercio, Consumo y Turismo durante el pasado mes de diciembre. Estos datos fueron facilitados por el propio consejero de Comercio, Josep Huguet, tras una pregunta parlamentaria del diputado del PP catalán Daniel Sirera a la que tuvo acceso este diario. Huguet destacó que las 62 empresas castigadas sólo representan el 0,01 por ciento de los más de 350.000 establecimientos y eludió poner de manifiesto la progresión geométrica de las sanciones de la Generalitat aplicadas por la Agencia Catalana del Consumo (ACC). Denunciados. La fusta de la Generalitat ha afectado a los sectores más diversos, desde comercios minoristas a grandes superficies, pasando por el negocio de las telecomunicaciones y los servicios de correos. Todos ellos han sido víctimas de la Ley de Política Lingüística (1998) que el tripartito se ha encargado de aplicar después de que su capítulo inspeccionador fuera ignorado por los gobiernos de CiU. La ACC tiene previsto ofrecer más detalles a principios del mes de abril. Será entonces cuando se conozca el importe que ha recaudado la Generalitat mediante las, de momento, 62 sanciones, ya que se publicará el balance anual. Entretanto, el PPC ha presentado más preguntas parlamentarias, interesándose por la ubicación geográfica de los multados y por la cantidad de dinero que la Administración ha exigido. En 2004 el valor total alcanzó los 52.800 euros. Visto el ahínco de la Generalitat en acelerar la aplicación de la Ley de Política Lingüística, los comercios catalanes deberán medir los riesgos que comporta no rotular en catalán y no disponer de documentación y hojas informativas en la lengua vernácula. El PP ha criticado reiteradamente esta iniciativa del Gobierno catalán porque en el resto de comunidades autónomas no existen multas para los que abren un establecimiento y lo rotulan, por ejemplo, en danés. «Se vulneran las libertades», denuncian los populares. Desde el departamento se avisó a principios del año pasado que hasta ese momento «casi no se había aplicado la ley». Incluso se quejaron de que CiU no había realizado ninguna inspección a comercios por la rotulación en catalán. De esta manera, durante el año 2003 se realizaron 348 inspecciones, que en 2004 pasaron a ser 1.401, un incremento del 400 por ciento. Todas estas operaciones derivaron en 156 expedientes sancionadores, con 28 multas por un valor total de 52.800 euros. En 2003 sólo se habían realizado 3 multas. El consejero Huguet detalló que de todas estas inspecciones, 1.102 fueron por iniciativa propia de la Consejería y las 299 restantes fueron debidas a consumidores u organizaciones defensoras del catalán. «Los consumidores van tomando conciencia de la situación», comentó Huguet. Del total de denuncias por no usar el idioma catalán, el 27 por ciento procedió del comercio minorista, el 23 por ciento de correos y telecomunicaciones, el 15 por ciento de hostelería y turismo y el 9 por ciento de supermercados y grandes superficies. Por lo tanto, 2003 y 2004 fueron realmente los primeros años en los que la Generalitat comenzó a aplicar a rajatabla una ley que se había aprobado en 1998 pero que sin embargo no entró en vigor hasta dos años más tarde. «Seguiremos acelerando la aplicación de la Ley de Política Lingüística», es un comentario que ha salido más de una vez de la boca del consejero Huguet.

Siempre es una buena noticia que la sociedad denominada “civil” se movilice, sobre todo en Cataluña. Por eso hay que aplaudir, en un momento en el que la izquierda catalana ha abrazado la causa del nacionalismo, que un grupo de intelectuales autodenominados “de izquierda” se arremanguen y abandonen las tribunas periodísticas, las cátedras y los teatros para hacer política en la calle y en las instituciones.

Hoy he tenido la oportunidad de oír la entrevista que Federico Jiménez Losantos le ha hecho a Arcadi Espada en “La Mañana” de la COPE. Espada ha sido muy claro al señalar que hay que “expulsar a los nacionalistas del espacio público”, aunque me ha preocupado mucho la tibieza que ha tenido al comentar e interpretar lo que pretende el nuevo Estatuto y el tema de la lengua y el bilingüismo.

Arcadi Espada y algunos de los intelectuales que le acompañan en “Ciudadanos de Cataluña” siguen teniendo síndrome de Estocolmo. No entienden que criticar al PP porqué recoge firmas para que Zapatero pregunte al conjunto de los españoles sobre su futuro, es avalar el discurso de los nacionalistas catalanes. El tripartito y CiU insisten en que el debate sobre el nuevo Estatuto es un debate que sólo compete a los catalanes. Argumentan que el Parlamento catalán es “soberano” para decidir sobre su futuro y que nadie que no sea catalán tiene derecho a opinar sobre el mismo. Por eso considero tan grave que “Ciudadanos de Catalunya” critique que el PP pretenda dar voz al conjunto de la Nación española en un debate que nos afecta a todos. El nuevo Estatuto cambia las reglas de juego de España y todos los españoles debemos tener derecho a pronunciarnos.

Otro aspecto preocupante de las palabras de Espada ha sido sobre la lengua. Arcadi Espada ha dicho que “Ciudadanos de Cataluña” no pretenden cambiar la ley de política lingüística sino que lo que les gustaría es que la Generalitat la cumpliera. Coincido con Espada en el hecho que los padres deben poder elegir la lengua en la que quieran escolarizar a sus hijos pero resulta sorprendente que defienda la vigencia de una ley que establece cuotas y sanciones para quienes, en el mundo del comercio y la restauración, deciden libremente utilizar la lengua castellana.

En los últimos años, los partidos políticos que gobiernan en Cataluña y sus medios de comunicación afines, se han encargado de culpar al Partido Popular de lo que ellos denominan “catalanofobia”. Acusan a los dirigentes del PP de basar nuestra acción política en el enfrentamiento territorial.

Esta no es una táctica nueva. Buscar un enemigo común sobre el que descargar las frustraciones, los errores y la incompetencia es algo habitual en la izquierda y en el nacionalismo. Por ello, cuando se convoca una manifestación en contra del acuerdo estatutario entre Zapatero y Mas, los independentistas catalanes acaban manifestándose en contra del Partido Popular.

En los últimos días he preguntado a amigos y conocidos sobre la presunta “catalanofobia” del Partido Popular. Algunos de ellos me responden que en los medios leen a articulistas que sostienen que el PP “ataca a Cataluña”. Además, estos mismos medios señalan a Rajoy, Acebes y Zaplana como los principales responsables e impulsores de la llamada “catalanofobia”. Reconozco que es muy difícil darle la vuelta a un tópico o a una idea preconcebida o, lo que es peor, inducida desde el poder político de turno y refrendada por todas las terminales mediáticas dependientes de este poder político. Nadie recuerda un solo ataque a Cataluña por parte de los dirigentes del PP. Hagan la prueba.

Criticar a Maragall, al tripartito o a una ley salida del Parlamento de Cataluña no es atacar a Cataluña. Maragall no es Cataluña ni el tripartito tampoco. Cataluña es mucho más que el Gobierno de la Generalitat. Se que es muy difícil transmitir estas ideas en Cataluña, cuando los medios de comunicación privados apoyan de manera muy mayoritaria al tripartito y los medios de comunicación públicos (TV3, Canal 33, 3/24, TVE, La 2, Barcelona Televisión, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, COM Ràdio, RNE, Ràdio 4 y más) ocupan buena parte de su programación apoyando la estrategia tripartita.

Nunca hasta ahora había sido tan difícil ser catalán no nacionalista en Cataluña y catalán en el resto de España. Hoy, cuando el PP critica a Maragall se le acusa de ser anticatalán. Cuando el PP critica que Carod Rovira se reúna con ETA, se le acusa de ser anticatalán. El PP recoge firmas para que Zapatero pregunte a los españoles si creemos que todos debemos ser iguales en derechos y obligaciones, con independencia de que vivamos en Reus o en Jaén y se nos acusa de anticatalanes. Hoy, si el PP se reúne en Madrid para rendir un homenaje a la Constitución se le acusa de anticatalán. Aún recuerdo cuando un ex conseller de la Generalitat dijo en un debate en TV3 que la subida del precio del puente aéreo era un ataque frontal a Cataluña porque los catalanes debíamos pagar más por ir a Madrid, obviando que un madrileño debía pagar lo mismo por venir a Barcelona.

Para el tripartito y CiU, el PP es anticatalán porque mantuvo los peajes en Cataluña. Era anticatalán porqué, según ellos, no invertía en Catalunya. Era anticatalán porqué eliminó los distintivos provinciales de las matrículas, por colocar una gran bandera española en la plaza de Colón de Madrid. Hoy, el PSOE mantiene e incrementa el precio de los peajes, reduce las inversiones de un 18 a un 14%, mantiene las placas de matrícula como lo hizo el PP y sigue homenajeando la bandera española como también lo hacía el PP

Muy poca gente en Cataluña se para a pensar que en Madrid puedan haber personas que les duela que uno de los partidos que forman el tripartito pidieran el boicot para la candidatura olímpica de Madrid. Nadie se para a pensar que en el País Vasco pueda haber personas que les duela que Maragall les acuse de ser insolidarios. O que los valencianos y murcianos estén dolidos por el hecho que Maragall diga que no merecen recibir agua del Ebro porque la malgastan. Ni que en Andalucía crean que Maragall no tiene razón cuando dice que los andaluces se aprovechan del trabajo de los catalanes. Maragall y el tripartito han conseguido, en tan sólo dos años, cabrear al resto de españoles.

Se acusa al PP de ser anticatalán por hacer unas cuñas de radio en las que se dice que, a partir de ahora, Andalucía pagará a Cataluña. Mientras, los dirigentes de CiU aseguran que esos 5.000 millones de más en financiación que dicen que recibirá la Generalitat de Cataluña, saldrán de comunidades como la andaluza o la extremeña. Se acusa de anticatalán a quienes defendemos el bilingüismo y el pluralismo en Cataluña mientras que se aplaude que el líder de CIU afirme, por ejemplo, que quién quiera recibir su educación en castellano debe montar un colegio privado. Se acusa de anticatalán a quién denuncia que hoy la Generalitat multa con 1.200 euros a aquellos comercios cuyo nombre comercial esté rotulado en castellano. Catalanofobia es gobernar de espaldas a Cataluña. Cerrar Ràdio 4 y reducir a la mínima expresión la desconexión en catalán de TVE es una clara muestra del anticatalanismo que impregna el Gobierno de Zapatero.