El presidente del Gobierno de España ha aceptado que el nuevo Estatuto de Cataluña incluya, además de la definición de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán. A partir de la entrada en vigor del nuevo Estatuto, el castellano desaparecerá definitivamente de la vida pública e institucional de Cataluña. Hasta ahora, con el Estatuto vigente y al amparo de la Ley de política lingüística, los sucesivos gobiernos de la Generalitat han ido eliminando los espacios en los que los ciudadanos, en el ejercicio de nuestra libertad, podíamos utilizar el castellano. Fueron los gobiernos nacionalistas de Jordi Pujol los que iniciaron todo este proceso pero no ha sido hasta la llegada de un socialista a la presidencia de la Generalitat que se han incrementado los controles, inspecciones y multas a quienes utilizan la lengua oficial en el conjunto de España.
En los dos últimos años, el Gobierno de Cataluña ha intensificado su labor de persecución de quienes utilizan la lengua castellana. Las inspecciones a comercios y restaurantes se han incrementado en un 400% y en el 2005 la Generalitat ha recibido más de un millar de denuncias anónimas. El Gobierno catalán ya lleva recaudado 81.250 euros en multas y tiene otros 94.950 en fase de resolución.
En los colegios e institutos la situación tampoco es muy esperanzadora. Los padres no podemos elegir la lengua en la que queremos escolarizar a nuestros hijos. Además, desde la Consejería de Educación se han enviado circulares a todos los centros públicos recordando a los profesores su obligación de utilizar “exclusivamente” la lengua catalana en todas y cada una de las comunicaciones y actividades con alumnos, profesores y padres. El Departamento de Educación de la Generalitat ha pedido también a los directores de los centros que no firmen las hojas en las que los profesores justifican sus horas de clase si éstas no están redactadas en catalán. Además, la circular exige a los profesores que utilicen el catalán incluso con los alumnos y padres de los alumnos provenientes de la inmigración.
Esta semana hemos sabido que la Generalitat está auditando, a través de una empresa privada, ocho hospitales de Cataluña para comprobar si el personal sanitario habla catalán entre sí y con los pacientes, y si la documentación que se emite en estos centros ─incluidas las historias clínicas de los ciudadanos─ está también en lengua catalana. No todo vale para fomentar el uso del catalán. No es de recibo que la Generalitat encargue auditorias ilegales para saber cuáles son los médicos que utilizan el catalán y cuáles el castellano. El Gobierno tripartito ha sobrepasado los límites de la ley y de la ética. Además, los ciudadanos no consiguen entender las razones por las que el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña dedica recursos públicos para elaborar estos informes en lugar de destinarlos, por ejemplo, a la reducción de las listas de espera.
Otro ejemplo de la política lingüística de la Generalitat lo encontramos en el “Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008”, que incluye programas para dar a conocer la lengua catalana entre los recién llegados. El tripartito considera que el dominio del catalán es el primer elemento para superar el aislamiento y la exclusión social en Cataluña y olvida que son muchos los ciudadanos que se han integrado y que han contribuido a construir la Cataluña de hoy teniendo al castellano como lengua de uso. El “Plan de ciudadanía e inmigración” del Gobierno catalán sólo prevé dar clases de castellano a los inmigrantes presos, y condena a esta lengua a ser la propia de quienes están en la cárcel.
Ahora, José Luís Rodríguez Zapatero y el PSOE van a entregar al tripartito la capacidad para poder seguir avanzando en la marginación del castellano en Cataluña. Con el nuevo Estatuto, el castellano va a convertirse en una lengua que únicamente podrá ser utilizada en la intimidad. Convertir en un deber el conocimiento del catalán significará que las administraciones catalanas no tendrán que utilizar el castellano, desaparecerán los impresos y formularios en esta lengua y todas las instituciones utilizarán de manera exclusiva el catalán.
En este contexto se enmarca la iniciativa del Ministerio de Defensa de remitir una carta a los militares ordenándoles hablar sólo en castellano en toda España. La inquietud generada por la inminente aprobación del Estatuto de Cataluña ha llevado al Gobierno a mover ficha. Una ficha antidemocrática que sólo pretende salir al paso de una situación que ha generado el propio PSOE. Una carta de un subsecretario de Defensa no está por encima de una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y si el Estatuto se aprueba como quiere Zapatero, los militares en Cataluña también estarán obligados a conocer el catalán. La carta de Bono animando a los militares a incumplir el Estatuto que ellos mismos están impulsando es un mal camino para nuestra democracia y el mejor ejemplo de la deriva en la que se ha instalado el Gobierno de España.
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15.01.06 @ 11:56