Hace ahora un año, el Ministro de Defensa de España, José Bono, en su discurso de celebración de la Pascua Militar sentenció que “en la Constitución sólo cabe lo que cabe”. Bono aseguraba entonces que “a mí me gusta el artículo octavo de la Constitución”, que recuerda que las Fuerzas Armadas garantizan la unidad e indivisibilidad de “la Nación española, patria común e indivisible”. Por aquellas mismas fechas, era Rodríguez Ibarra quién pedía que se suprimieran las competencias en materia de seguridad pública al País Vasco si el Plan Ibarretxe salía adelante.

Un año después, el general jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general del Ejército José Mena Aguado, ha sido arrestado y cesado por coincidir con Bono. Mena afirmó ayer que si "los límites infranqueables" que marca la Constitución son rebasados por algún Estatuto, "sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución", en el que se dice que las Fuerzas Armadas "tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional".

Declaraciones como las realizadas por el teniente general José Mena Aguado no deberían producirse en democracia. Como tampoco deberían producirse actuaciones o decisiones de responsables políticos que puedan dar pie a que el ejército tenga que recordar la tarea que le confía nuestra constitución bajo las órdenes del Gobierno y de las Cortes Generales. Por ello es urgente que el presidente del Gobierno de España acabe, de una vez, con la incertidumbre y la intranquilidad que el Estatuto de Cataluña esta generando en diferentes sectores de la sociedad española —entre ellos, algunos dirigentes del PSOE— y ponga punto final a las especulaciones que este texto ha abierto sobre el futuro de España.