Después de dieciocho meses de ponencia en el Parlamento de Catalunya y unas cuantas semanas de reuniones en Madrid y Barcelona entre los miembros del cuatripartito, parece ser que el futuro del pueblo de Cataluña depende de si Marín concede o no una ampliación del plazo para presentar enmiendas.

El PP tiene el trabajo hecho y presentará sus enmiendas mañana con el objetivo de adecuar el texto aprobado en el Parlament al estatuto vigente, aprobado con mayor consenso y que nos ha permitido disfrutar de las mayores cotas de libertad y de progreso social y económico de nuestra historia.

El resto de partidos necesitan más tiempo. Como buenos nacionalistas, siempre necesitan más. Ahora quieren alargar algo el plazo para presentar enmiendas. No han sido capaces de ponerse de acuerdo y creen que en tres días serán capaces de cuadrar el círculo. Que se lo hagan mirar.

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod Rovira ha señalado, en una entrevista publicada por el diario “Deia” que los guiños que se están produciendo en los últimos días entre Batatuna y el PSOE han “encrespado” al PP. El socio de Maragall en el Gobierno de la Generalitat valora positivamente estos gestos que califica “de aproximación”. Resulta sorprendente que no haya salido en tromba la plana mayor del socialismo español y del Gobierno negando cualquier aproximación del PSOE a Batasuna. Lo que encrespa no ya al PP sino a cualquier demócrata es que Zapatero se aproxime a Otegi mientras las bombas siguen estallando. ¿De qué conflicto habla Carod Rovira? El conflicto político al que siempre se refieren los nacionalistas (también los socialistas) debe dirimirse en las urnas y en el Parlamento Vasco. Lo otro debe resolverse aislando política y socialmente a los violentos, apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y confiando en la capacidad de los jueces para acabar con ETA.

Alguna cosa debe estar pasando en Cataluña cuando ha pasado casi desapercibida la noticia que el Secretario General del Departamento de presidencia de la Generalitat de Catalunya, el republicano Xavier Vendrell ha concedido una subvención de 30.000 euros a una fundación de la cual es secretario general “para difundir la figura de Francesc Ferrer i Gironès” que es el portavoz de ERC en el ayuntamiento de Girona. En cualquier otro país de nuestro entorno Vendrell habría dimitido y el candidato de ERC a la alcaldía de Girona, hubiera devuelto el dinero cobrado.

La subvención concedida por el Departamento que dirige el republicano Josep Bargalló a esta fundación para la promoción de la figura de Ferrer i Gironès se suma a las cantidades que el Departamento de Justicia ha otorgado a la misma fundación y que asciende para este año a 110.687,75 euros.

Jordi Pujol también intentó cerrar la COPE en 1999. Por aquel entonces, la respuesta del diputado socialista y hoy presidente del CAC, Josep María Carbonell fue, dirigiéndose al entonces Consejero de Presidencia, Xavier Trias: “la calumnia y la difamación son un delito. Si alguien cree que dice mentiras debe ir a los tribunales. Dígame, señor Consejero, ¿quién es un gobierno para decidir qué es mentira y qué es verdad? En ningún sitio consta que un gobierno tenga estas atribuciones. De pronto, el presidente de la Generalitat se convierte en un censor y, además, en un censor ejecutivo. Hoy es la COPE, mañana puede ser cualquier otra emisora que no guste. Estas afirmaciones cambian la lógica de nuestro sistema democrático al introducir una forma de censura que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna de nuestras leyes. En Cataluña hace falta más libertad, más pluralidad en los medios de comunicación públicos y privados. Debemos romper silencios y favores que podrían pudrir las aguas del oasis. Nosotros queremos un país de puertas abiertas, un país que quiere ser más libre y aireado y para serlo necesitamos más libertad y pluralismo en los medios de comunicación. Esto, Consejero, es lo que está en juego.”

Coincido al 100% con lo dicho por Carbonell en 1999. Releyendo lo dicho por Pipo Carbonell en 1999, estoy convencido que el presidente del CAC, al igual que el resto de miembros que lo integran no están de acuerdo con la ley aprobada por el Parlamento catalán que les confiere unas atribuciones que sólo deberían tener los tribunales de justicia. La insumisión del CAC a esta ley es la única salida para restablecer la libertad y el pluralismo en Cataluña.